Unidos demandó al ex-presidente Zedillo acusándolo como el último responsable en la Masacre cometida en el poblado de Acteal, Chiapas, en diciembre 22 de 1977.

A raíz de esa demanda nuevamente se levantaron las voces que claman justicia, otras que se deslindan y curiosamente otras enfocaron su atención no en la impunidad que prevalece en esta atroz masacre, sino en el anonimato de la demanda.

Si bien es intrigante el hecho de que la demanda sea anónima por “cuestiones de seguridad” y que pueda usarse esta demanda con fines políticos o que sean chicaneadas de viejos enemigos de gobiernos pasados, justo en un periodo preelectoral; el fondo del asunto, a mi juicio, es la impunidad que cobija a funcionarios de alto nivel que ayudaron a que se perpetrara la masacre, tanto por omisión como, sobre todo, por comisión.
Es un hecho innegable la presencia de elementos del ejército en las cercanías de Acteal y “ex-militares” dentro de los que perpetran los crímenes, el conocimiento de autoridades federales previamente a los hechos y sobre todo estatales, de ese tiempo.

Qué duro es cuando la justicia se convierte también en un hecho de venganza; pero más fuerte es que prevalezca la impunidad ante masacres tana troces.