“México continúa siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas y comunicadores”; así inicia el último informe 2015 de Freedom House presentado el pasado 7 de mayo en la Ciudad de México.  El informe es un estudio global, que como cada año va catalogando los países de acuerdo a una serie de reactivos que ofrecen el puntaje realizando el rank de los países que son libres, semi libres y sin libertad.  En esta ocasión, México obtuvo el puntaje más bajo de su historia obteniendo 63 sobre 100 puntos. En los últimos cinco años ha obtenido un promedio de 61 puntos y cada año en descenso.

Freedom House es la institución de la sociedad civil más antigua en el trabajo de libertad de expresión en el mundo y la más reconocida en el ámbito de un trabajo sistemático a favor de la libertad de expresión, derecho fundamental consagrado en cualquier régimen democrático.

Si bien México aún no se encuentra entre los peores países con régimenes autoritarios, va poco a poco decreciendo su puntaje.  Los diez peores países son Bielorusia, Crimea, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Siria, Turkenistán y Uzbequistán.  En el caso de Crimea, es un territorio ocupado por Rusia hace poco y la prensa prácticamente no existe, existe la propaganda.

El informe se presentó unas horas antes que se anunciara que otro periodista más fue detenido-desaparecido.  Esta vez en el estado de Guerrero. Se trata de Javier Cano, quien fue detenido-desaparecido el mismo 7 de mayo a las 6 de la tarde en Teloloapan, Guerrero, a unos kilómetros de Iguala donde hace siete meses fueros detenidos-desaparecidos 43 normalistas. Por su parte, la compañera profesional de Cano, Natividad Ambrosio había sido amenazada por el hermano del ex presidente municipal José Luis Abarca hace apenas unos días y también sufrió el mismo 7 de mayo un atentado. De igual forma, apenas hace dos semanas un periodista de Veracruz fue encontrado muerto en un pueblo limítrofe con Oaxaca.  Se trata de Armando Saldaña Morales, reportero de la estación de radio Ke Buena 100.9 FM.

Quien presentó el informe de Freedom, fue entre otras la periodista Carmen Aristegui, quien fue suspendida de su espacio radiofónico hace unas semanas por los empresarios dueños de MVS, la familia Vargas, por haber presentado un reportaje de investigación llamado “La Casa Blanca”, donde descubría las relaciones de proveedores del Gobierno Federal y de la Televisora más grande del país con el propio Presidente, recibiendo una casa de gran lujo en la colonia Lomas de Chapultepec.  El caso de corrupción le costó a la periodista el puesto; mientras que el vicepresidente de la compañía fue nombrado por la Presidencia de la República como su asesor de medios.

Si bien la libertad de expresión es un derecho consagrado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 y 7, la nueva Reforma Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión abrió un nuevo flanco de amenazas para este derecho.  La organización que atiende Radios comunitarias en el país reportó que con la Reforma los derechos de las pequeñas radiodifusoras pierden libertad.  De hecho, la ley establece lineamientos claros para la aprobación de solicitudes de concesiones, amenazando a estaciones radiales no autorizadas con la aplicación de sanciones penales, limitando el financiamiento independiente y comercial de las radios comunitarias y restringiendo a las estaciones no comerciales y de pueblos indígenas a una pequeña porción del espectro radial. Es por ello que la oficina de la AMARC en México presento´ una acción de inconstitucionalidad de la ley.

Durante el año 2014, según Freedom House se registraron numerosos ataques contra periodistas y medios; los reporteros sufrieron actos de agresión por parte de la policía mientras cubrían distintas manifestaciones y la autocensura continuó propagándose. Si bien la ley antes mencionada permite mayor competencia en ambos sectores, también le otorga al gobierno la facultad de monitorear y suspender la actividad en Internet durante actos de protesta.  De hecho, la ley otorga al gobierno la autoridad de suspender las telecomunicaciones para prevenir la delincuencia pero contiene textos cuya vardadera redacción le permiten la “suspensión precautoria de las transmisiones de contenido”. También autoriza al gobierno a geo-posicionar y rastrear el uso de teléfonos celulares en tiempo real y obliga a las compañías de Internet a conservar información sobre los usuarios sin ningún tipo de supervisión judicial. En teoría, esos registros de información permitirían que las autoridades identificaran o monitorearan a los informantes, a los contactos de los periodistas y a individuos que participen en actos de expresión política.

El informe reconoce que la violencia criminal constituye la peor amenaza al periodismo independiente. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al menos 88 periodistas y trabajadores de medios del 2010 al 2014 han sido asesinados.  De igual manera, este informe que tiene una publicación en al menos 56 países del mundo, describe los casos de varios periodistas, hombres y mujeres que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión.  Lo mismo detalla las amenazas y explosivos que recibió la compañía más grande de televisión en Reynosa hasta el homicidio de Gregorio Jiménez de la Cruz, en Veracruz, quien para financiar su labor periodística laboraba también como taxista.

Si bien países africanos como Burundi y Sierra Leona están por debajo de México, nuestro país se coloca en la tendencia de los países que descienden año a año su calidad de libertad de expresión, según el reporte presentado también en Washington.

El Papa Francisco en su intervención en el día de la prensa y la libertad de expresión exhortó a los comunicadores a la honestidad y a la verdad, en tanto demandó a los países a respetar irrestrictamente este derecho humano tan anhelado por la humanidad.

Más información en: https://freedomhouse.org/article/freedom-press-2015-harsh-laws-and-violence-drive-global-decline#.VU0UwmDnmDU

Pablo Romo Cedano