“No maten al mensajero” fueron las palabras que Zeid bin Ra’ad Hussein usó unos minutos antes de entrar con el Presidente Peña Nieto para facilitar la recepción de los reportes de derechos humanos que instancias internacionales han emitido para el Estado Mexicano en las últimas semanas.  El Señor Zeid, hijo del príncipe Ra’ad bin Zeid y de la princesa Majda Raad de Jordania; hace un año asumió el cargo de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  En el mundo de la diplomacia es muy conocido Zeid por su labor e impulso a la consolidación de la Corte Penal Internacional.

El Señor Zeid hizo hace unos días una visita oficial a México para escuchar de viva voz a víctimas de derechos humanos y presentar un informe sobre la situación que guarda México en este rubro.  Su visita no es algo inusual, el Alto Comisionado tiene el deber de hacer presentaciones e informes de los países que son parte en los mecanismos de la ONU.  Lo que sucede es que ha coincidido su visita con la realizada una semana antes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual presentó un informe preliminar muy contundente, catalogando la situación como una “crisis generalizada” en la falta de respeto a los derechos humanos. El documento titulado “Observaciones preliminares de la Visita in loco de la CIDH a México” genera 21 recomendaciones para aliviar “la actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México” y atribuye a la “impunidad persistente” la situación imperante.  La impunidad, que alcanza un 98% de los crímenes que se cometen en el país, viene, según la misma CIDH desde la “llamada ‘guerra sucia’ y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día”.  La CIDH recomienda al Estado Mexicano entre otras cosas “Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de estas por parte de las policías civiles”. Recomendación que secundó desde el Sistema Universal (la ONU) el Señor Zeid.

En el mismo sentido, recomiendan no “prejuzgar en comunicaciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad antes de contar con los resultados de una investigación”. Pues como sabemos bien, las autoridades inmediatamente salen a prensa a lavarles las manos a las “fuerzas del orden” de sus actuaciones, por más dudosas que puedan ser.

La protección a víctimas y a defensores de derechos humanos y periodistas es una demanda reiterada que se manifiesta en las recomendaciones de ambos sistemas internacionales. Particularmente piden que se revise el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pues francamente deja mucho que desear.  Llama la CIDH a adoptar una Ley Nacional sobre Desaparición y Desaparición Forzada y una Ley Nacional sobre Tortura.  Por su parte, ante las graves deficiencias en las bases de datos tanto en el manejo de información personal, datos genéticos, banco de ADN, como las estadísticas sobre violaciones a los derechos humanos y a sus víctimas, los expertos internacionales llaman a estandarizarlas, implementarlas donde no las haya y hacer pública la información sobre los registros de personas desaparecidas.

En este sentido es un hecho, que cada día las cifras cambian de acuerdo al contexto y momento político, sin ningún orden ni seriedad.  La cantidad de homicidios por causas del combate al crimen organizado varía sin tener una estadística confiable, la cifra de desaparecidos caprichosamente cambia al son de la conveniencia política y los secuestros, extorciones y demás crímenes no cuentan con una base de datos oficial.

Al gobierno mexicano no le gustó el Informe Preliminar de la CIDH y por eso inmediatamente salió a prensa Roberto Campa, subsecretario de gobernación, para desacreditar el trabajo de los oficiales de la Comisión.  No sólo Campa salió a atacar el informe, fueron muchos periodistas cercanos a la oficialidad y/o voceros de ésta quienes presurosos insultaron a los representantes de la OEA, ninguneando que “extranjeros vengan a dar clases”. De ahí que Zeid, una semana después llamó a “no matar al mensajero”, él dice, “en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México. Ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido y los representantes del Estado cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos y las ciudadanas” Y agrega con sagacidad diplomática, pero con contundencia “Señalar problemas estructurales, así como intervenir en casos específicos, es una parte importante de la asistencia que ofrecemos a muchos países. Nada de lo que hoy he dicho aquí será particularmente sorprendente para la mayoría de los mexicanos y las mexicanas, y especialmente no para aquellas personas más pobres y marginalizadas”.

Zeid anticipa que lo criticarán por decir la verdad, en un país donde se pretende ocultarla y por eso dice, que es bien conocida ésta.  El hecho relevante es decirla: pronunciar la verdad en medio de tanta mentira genera estupor: ‘el rey está desnudo’.  El aristócrata jordano, con habilidad y claridad dio una conferencia de prensa el 7 de octubre en la que recoge algunas recomendaciones que hiciera la CIDH una semana antes, agrega algunas y da respaldo a la labor del sistema Interamericano, reconociendo públicamente su profesionalidad.  Zeid, hizo entrega en privado de una serie de recomendaciones al Presidente Peña y enfatizó en público que es necesario “Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo”. Invitó a crear un cronograma para que el ejército regrese a los cuarteles; ofreció apoyo para capacitar a la policía en sus legítimas y naturales funciones de seguridad pública. Y Urgió a “implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves”.

Hay que recordar que el GIEI es el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes, adscritos a la CIDH que hicieron un informe fundamental que echó por tierra las versiones de la “verdad histórica” de la PGR.  El GIEI, presentó, como recordará el lector, a principios de septiembre, el Informe Ayotzinapa, donde señalan inconsistencias, irregularidades, acciones y omisiones graves de la justicia mexicana, tortura a detenidos, y sobre todo nuevas pistas de investigación, como por ejemplo el caso del 5º camión que el expediente de la PGR presenta en sus fotos e investigaciones como uno, cuando en realidad se trató de otro muy distinto, el cual también está desaparecido.

En el contexto de las visitas de expertos y funcionarios de la OEA y de la ONU, un juez liberó cuatro militares presuntamente implicados en la masacre (ejecuciones extra-judiciales) de Tlatlaya, Estado de México, presuntamente por errores en el procedimiento de su detención; y el Secretario de la SEDENA, Salvador Cienfuegos Zepeda, dio una inusual entrevista a Televisa en su noticiero estelar donde advertía que “extranjeros no interrogarían a sus soldados”.  Los hechos y declaraciones resultan importantes, pues son señales autoritarias de un sistema que se creía pasado a la obscuridad de un México superado.  Sorprende que el gobierno mexicano cumpla al pie de la letra los mandatos internacionales – extranjeros – de economía global  y del manejo financiero (tratados comerciales, fallos de la OMC, Fondo Monetario) que afectan la vida de todos los mexicanos, y envueltos en la bandera nacional se pretenda desconocer las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Graves señales. Es importante señalar que ni el Ejército, ni la Marina ni ninguna otra fuerza en México viven en un régimen de excepción y que es necesario transparentar sus acciones y si cometen crímenes también deben ser juzgados.  No se debe olvidar que hay hechos en los cuales deben rendir cuentas como por ejemplo el comandante encargado de vigilar el penal del Altiplano, donde se fugó el Chapo Guzmán por medio de un túnel, el cual se construyó bajo un cuartel militar. O los casos de ejecuciones extrajudiciales que denunció el organismo de derechos humanos de Tamaulipas, o los extraños casos de enfrentamientos entre marinos y policías federales en las cercanías de Tres Marías, en Morelos.

En tanto, la CIDH recomienda al gobierno mexicano a reconocer el trabajo de los expertos para el caso de Ayotzinapa y “La CIDH acompaña la solicitud del grupo sobre el cambio del equipo completo de investigación del caso, nombrar un fiscal especial, trasladar la investigación de la SEIDO a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, seguir las líneas de investigación identificadas por el GIEI, y permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería”.

Vale la pena señalar que los expertos de la GIEI son personalidades en sus diferentes campos de trabajo, por ejemplo, Alejandro Valencia ha trabajado con las Comisiones de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Fue el primer Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo en Colombia, y abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Washington; Alejandra Buitrago, es doctora en derecho y sociología, con especialización en derecho penal y ciencias criminológicas; cuenta con una maestría en derecho penal y es profesora de la Universidad Externado de Colombia; o Carlos Berinstain quien es médico y doctor en psicología, trabaja con atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares desde hace 25 años. Coordinó el informe “Guatemala: Nunca Más”, así como el trabajo en Colombia con víctimas del conflicto armado interno; en Perú, Paraguay y Ecuador trabajó con las Comisiones de la Verdad de esos países; y en el Sahara con víctimas y familiares de desaparecidos. Claudia Paz y Paz es abogada guatemalteca y fue la primera mujer Fiscal General en su país, en 2010. Es experta en derecho penal. Durante su desempeño como jueza recibió elogios por su agresiva investigación del crimen organizado en Guatemala. En su gestión como Fiscal General varios casos de violaciones de derechos humanos avanzaron en el sistema de justicia, y se logró condenar a los perpetradores, en particular en el caso contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, por su rol en el genocidio del pueblo maya. Ha recibido diversos premios de derechos humanos y actualmente vive en Estados Unidos, donde es profesora residente.  Y Francisco Cox, quien es abogado chileno, cuenta con una maestría en derecho de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, trabajó en apoyo de la extradición del general Pinochet a España, fue asesor principal del director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y también asesor de la CIDH en los Casos Villagrán Morales y otros contra Guatemala y Castillo Páez contra Perú.

La diplomacia internacional está jugando un papel delicado en este momento, pues si bien les interesa seguir con sus tratados comerciales y sus ventajas en las inversiones, les preocupa a las naciones las presiones que reciben de sus conciudadanos residentes en México y de aquellos que la hacen desde Europa o Estados Unidos.  En efecto, no son pocos los empresarios extranjeros que han sido secuestrados o han sufrido las consecuencias de la violencia en el país.  Y también, no son pocos los y las mexicanas que han tenido que salir del país para pedir asilo en el extranjero, como consecuencia de la violencia y la impunidad.  De ahí que no sea casual que la CIDH pida al gobierno mexicano “Elaborar un diagnóstico nacional sobre desplazamiento interno forzado en México y adoptar una política nacional para abordar el desplazamiento interno forzado conforme a los estándares internacionales en la materia”.

Ambas autoridades internacionales reconocen el papel que México juega en las instancias de derechos humanos tanto en el Consejo de la ONU como en los instrumentos de la Comisión Interamericana impulsando iniciativas de vanguardia, sin embargo en el plano interno los desafíos quedan muy grandes a la implementación real de los estándares internacionales.  Un ejemplo está en la búsqueda de fosas clandestinas, que el gobierno mexicano ha declinado su obligación y lo tienen que hacer familiares de personas desaparecidas.  Otro es el tema de los médicos forenses donde la PGR cuenta con un cuerpo apenas de 16 médicos, para un desafío de al menos 25 mil desaparecidos u 150 mil asesinados.

El príncipe Zeid relató en su conferencia de prensa a propósito de las personas desaparecidas en el país que  “también escuché a un grupo de familiares de personas que han sido desaparecidas, desde la hija de un hombre que desapareció forzosamente en 1974 hasta una mujer cuyo hijo desapareció forzosamente en septiembre de 2014”.  Y agregó con una emoción fuera de todo protocolo “Ojalá todo mundo pudiera encontrarse con ellas y escucharlas. Tener a un ser querido desaparecido, no saber si está vivo o muerto; y si ha muerto, no saber lo mucho que sufrió ni cuánto tiempo duró su sufrimiento; y si está vivo, dónde está siendo detenido y en qué condiciones; vivir esta horrible mezcla de pérdida e impotencia, esta falta de certeza, constantemente presente día tras día, semana tras semana, mes tras mes, es realmente una cosa espeluznante”.  Y reconoció el trabajo de quienes acompañan el dolor: “Se vuelve doblemente cruel cuando las autoridades ni siquiera se preocupan – o se atreven – a investigar lo que sucedió con su hijo, hija, hermana, pareja o mejor amigo”.

El país ha sido escrutado por diversas instancias internacionales de derechos humanos.  Ha reprobado y necesita atender las recomendaciones de quienes en un afán constructivo le piden que mejore sus estándares y haga una cruzada por la justicia y por la persecución real de los delitos en vez de convertir la justicia en un asunto de marketing y de publicidad.  La oportunidad está del lado de las autoridades del país. De ellos depende literalmente el futuro de México.

Pablo Romo Cedano