El Frayba celebró 25 años de vida y amerita no sólo un reconocimiento, sino un balance por su labor. ¿Qué ha significado la vida de este espacio de defensa y promoción de los derechos humanos? ¿Cómo ha ayudado o no a la defensa y promoción de los derechos de los chiapanecos, y “en particular de los pobres y de los pueblos indios”, como fue su propósito original?
En realidad el Frayba, como es conocido el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, se formó antes de esta fecha emblemática del 19 de marzo de 1989, día de San José, pues a mediados del 88 había un mandato expreso de la Asamblea Diocesana, en aquellos tiempos animada y presidida por Don Samuel Ruiz, para establecer un espacio de defensa y promoción de los derechos humanos en el territorio de la diócesis. La Asamblea encomendó la tarea de su creación a Fray Gonzalo Ituarte y en pocos meses reunió un pequeño grupo de personas que en San Cristóbal de una u otra forma trabajaban en la defensa de los pueblos indios con una opción clara por los pobres: Estaba ahí Gaspar Morquecho, Don Amado Avendaño, Doña Conchita Villafuerte, el maestro Félix García junto con algunos miembros de la diócesis de ese momento. La tarea de organización y planeación se inició a fines del 88 en un contexto de nueva represión contra el pueblo organizado y contra sus líderes: eran los inicios del mandato de Patrocinio González Garrido, gobernador de entonces y hoy próspero empresario de ecoturismo en la región de Palenque. Los tiempos “modernos” que modificaron el artículo 27 constitucional se iniciaban en la región con represión y muerte de muchos líderes campesinos que defendían la tierra; las cárceles estaban llenas y se construían nuevas y modernas prisiones en todo el estado, preparando bien lo que venía. Dura era la vida en esos tiempos (¿como los actuales?) donde muchos líderes campesinos y sociales tuvieron que huir o callar antes de perder la vida en manos de sicarios pagados por las autoridades invisibles y encubiertos por la impunidad. De ahí que los y las miembros de la diócesis impulsaran un espacio para denunciar los crímenes y sobre todo, para visibilizar la situación de miseria y marginación de los indígenas y campesinos. La muerte era frecuente por desnutrición; la mayor parte de los municipios de Chiapas eran parte del ranquin de los más pobres entre los pobres (¿ahora cómo va?). La mayor parte de los municipios de la región no contaban con carreteras pavimentadas, agua potable o luz eléctrica, a pesar de que Chiapas exportaba fuera de sus fronteras el 60% de energía hidroeléctrica del país.
El espacio de defensa de derechos humanos pronto se llenó de casos y situaciones de violaciones a los derechos más básicos y las denuncias se multiplicaron. En aquellos tiempos las expulsiones de indígenas católicos y protestantes de sus comunidades, sobre todo en la región de Los Altos generó cerca de 20 mil desplazados. El gobierno especulaba y usaba políticamente los casos en su beneficio. A pesar de ello, el Frayba fue creciendo y transformándose, ayudó en la formación de pequeños centros de derechos humanos, formó multiplicadores que propagaron las ideas que tanto desde la Iglesia Universal se enseñaban con vigor sobre la urgencia del respeto a la persona humana, como el acompañamiento a instancias oficiales para exigir lo que les correspondía.
El levantamiento armado fue una etapa compleja, que tanto la propia diócesis como el Frayba, vivieron con intensidad, ayudando a defender a los pobres y a los pueblos indios en sus derechos. En esa etapa se dio un salto cualitativo, teniendo una visión mucho más estructural de las causas generadoras de las violaciones y también se impulsó a las propias víctimas para que se convirtieran en actores de su propia defensa. De esta manera en lugar de “dar voz a los sin voz” se impulsó a los afectados a “asumir el protagonismo de su propia historia”.
Hoy, al cumplir 25 años, el balance que hicieron los participantes – provenientes de diversas latitudes y de los cuatro rumbos de la diócesis – es como suele suceder, lleno de claro-obscuros. Por una parte, se reconoció que la labor florecía aquí y allá con independencia y autonomía; donde los derechos de hombres y sobre todo mujeres y de los propios pueblos indios, se hacían cargo de su caminar y de sus decisiones en orden a defender los derechos humanos. Estos aspectos positivos se ven fortalecidos en las articulaciones en redes y en solidaridad con instancias nacionales e internacionales. Por otro lado, se constató en el foro celebrativo que aún hay grandes desafíos en orden a fortalecer a los actores que luchan con dignidad por la tierra, su territorio y los recursos naturales: ahí están las grandes batallas hoy y ahí están los muertos y el sufrimiento actual al cual hay que terminar.
Pablo Romo Cedano
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