México es el 2° país del mundo con más casos de amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos (ddhh), según señala el Informe de la Sra. Margaret Sekaggya, Relatora Especial de la ONU. El Informe se suma a un número creciente de documentos emitidos por instancias internacionales y organizaciones de la sociedad civil que han insistido en la necesidad de que el Estado mexicano asuma sus obligaciones internacionales en materia de protección y promoción del trabajo de los y las defensoras.

El importante Informe constata que el 98.5% de los incidentes de amenaza, hostigamiento o ataques contra defensores ha quedado impune. Por ello no es raro que otros países no le crean al Estado Mexicano en el funcionamiento de sus sistemas de justicia, como Francia últimamente. México atrae la atención mundial al punto que significa el 9% de todas las comunicaciones que la ONU tiene para proteger defensores.

Sekaggya subraya: “las defensoras corren mayor riesgo de sufrir determinados tipos de violencia y otras violaciones, perjuicios y formas de exclusión y rechazo que sus colegas varones” y “las propias vulneraciones a las que se enfrentan las defensoras pueden presentar en sí mismas un matiz de género, que abarca desde los insultos basados en su sexo hasta los abusos sexuales y la violación”, en este sentido recordemos a Marisela Escobedo y Susana Chávez. Es decir, promover y defender los ddhh en este país es un oficio peligroso.