Se cumplieron hace unos días seis meses de la desaparición forzada de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.  Estos hechos criminales que han conmovido al país y movilizado a millones de personas en México y el mundo exigiendo justicia, permanecen en las tinieblas entre la incredulidad y la impunidad. Los esfuerzos de la PGR por hacer bien su trabajo y convencer de que sus resultados son reales, se ven una y otra vez empañados por las noticias que se suceden y por los datos que se han filtrado de la investigación.  Para empezar, la PGR que atrajo 10 días después de los hechos la investigación abrió el expediente por homicidio y no por desaparición forzada.  El hecho no es menor, pues mientras que el homicidio prescribe con el tiempo, el delito de desaparición forzada es imprescriptible, tiene que ver directamente con responsabilidad de autoridades y puede calificarse en su caso de lesa humanidad.
En segundo lugar,  la cadena de custodia no se respetó. Es decir, no se llevaron a cabo los protocolos para poder tomar las muestras que conducirían a la conclusión de que los restos encontrados coinciden en su ADN con los jóvenes desaparecidos.  En vez de reconocer el error, la autoridad investigadora descalificó a los expertos forenses argentinos.  De hecho, el Equipo Médico Forense Argentino estaba trabajando en el caso por invitación de la PGR para acreditar la pulcritud del trabajo realizado. Otro elemento que han hecho notar los expertos es que en vez de abrir todas las puertas a los padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, las cerraron y se les impidió agotar las líneas de búsqueda en los cuarteles militares.  Cabe recordar que no sería la primera vez que hubiera personas desaparecidas en los cuarteles en México y particularmente en Guerrero.
En cuarto lugar, ante la trascendencia del crimen, en vez de seguir con los estándares internacionales, se intentó comprar el silencio de los familiares con cien mil pesos.  Las autoridades saben bien, pues lo han aplicado en algún caso de sentencia de la Corte Interamericana, que es necesario no solamente hacer una indemnización económica, sino todo un proceso de reparación, tanto económica como moral, de la fama y de la procuración de la verdad, así como también la toma de medidas de no repetición.
En quinto lugar está el propio proceso judicial en curso. Según testimonios y verificaciones periciales los detenidos fueron sometidos a tortura para incriminar y auto-incriminarse. Este procedimiento, “generalizado” según lo señala el experto de la ONU en el tema, impedirá en el futuro del proceso que se castigue a los responsables y se tendrá que liberar a los presuntos responsables por faltas al debido proceso.  De igual manera, la imputación por la que se les persigue es por el crimen de homicidio y no por el de desaparición forzada.  En el caso del presidente municipal de Iguala y de su esposa ni siquiera es por un delito mayor la imputación.
De ahí que los padres y familiares no crean en los resultados contradictorios que ofreció la PGR.  De ahí también que las organizaciones especializadas de la sociedad civil exijan a las autoridades mexicanas apegarse a los protocolos y estándares internacionales y no den por concluidas las investigaciones. Y también, las instancias internacionales, ante lo señalado, cuestionen fuertemente los pobres resultados alcanzados hasta el momento.  Particularmente el Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas ha hecho severos cuestionamientos en su informe presentado hace un par de semanas (http://www.hchr.org.mx/index.php/2014-06-30-19-00-75/2014-06-30-19-00-78/item/694-comite-contra-la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-sobre-el-informe-presentado-por-mexico ).
Una recomendación que hace el Comité al Estado Mexicano es la de elaborar una ley general sobre la materia en la que se reconozca el delito en todos los estados del país y se atraiga el delito al fuero federal, para permitir investigar a las autoridades locales con mayor libertad.
Después de seis meses del crimen quedan muchas dudas por resolver.  La opacidad en el proceso de investigación y el cambio de autoridades que respondan del proceso impide generar la credibilidad necesaria en la procuración de justicia del país.

Pablo Romo Cedano