Cuatro años después de la detención-desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez las autoridades federales y del estado de Oaxaca han sido incapaces de articular una respuesta coherente ante los señalamientos de la responsabilidad de agentes del Estado en esas detenciones-desapariciones. Ciertamente han reiterado una y otras vez su voluntad de dialogar, como lo han hecho con los líderes de la Marcha por la Paz y como lo hacen constantemente con algunas organizaciones.

Sin embargo, suplir competencia con charlas inútiles corre el riesgo de banalizar la palabra y convertirla en un ejercicio retórico sin contenido. En la detención-desaparición de Edmundo y de Gabriel Alberto participaron elementos del ejército y de las policías de Oaxaca y funcionarios de la procuraduría que tienen que ser investigados. La PGR ha sido negligente, pues integró la averiguación como secuestro y no ha realizado investigación alguna.

La CNDH emitió la Recomendación 07/09 hace 2 años haciendo señalamientos muy claros, donde se comprobaban irregularidades y apuntaban a los autores de los crímenes. Hay que recordar que el entonces gobernador Ulises Ruiz rechazó inmediatamente la rechazó. Hoy la oportunidad de hacer una investigación seria y justicia está en manos del nuevo gobierno de Oaxaca con Gabino Cue. Tiene poco tiempo, pues la credibilidad política caduca muy rápidamente en este país. Obras son amores y no buenas razones.